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Estiman que son $34.000 millones. Corrientes no hizo el reclamo, pero también sería beneficiada, recibiría: $1.139 millones. La municipalidad también recibiría la compensación ya que la devolución impactaría en las cuantas municipales por la coparticipacion
Recordemos que el municipio, según cálculos extraoficiales el recorte al municipio rondaría los 2 millones de pesos mensuales

Luego del fallo de la Corte Suprema de Justicia que dispuso que el Gobierno nacional deberá “compensar” a las provincias por la eliminación del IVA en algunos alimentos y la reducción a la mitad el impuesto a las Ganancias, ahora el presidente Mauricio Macri y los gobernadores están obligados a negociar una salida y en tal caso redefinir el impacto fiscal de esas medidas en las cuentas provinciales.

De hecho es lo que planteó la Casa Rosada, en un pedido que le hizo a la Corte para que convoque a una audiencia pública con los gobernadores y además le solicitó que aclare la resolución que dictó.

El fallo surgió a raíz de una presentación que hicieron 15 provincias, entre las que no está Corrientes. Pero de todos modos, el beneficio de la compensación también le alcanzaría.

Según los cálculos del Instituto Argentino de Análisis Fiscal (Iaraf), la Nación debería devolver unos 34.000 millones de pesos. De acuerdo a esa estimación a Corrientes le correspondería $1.193 millones.

El fallo de la Corte Suprema beneficia a las provincias de Catamarca, Chubut, Entre Ríos, Formosa, La Pampa, La Rioja, Misiones, Salta, San Juan, San Luis, Santa Cruz, Santa Fe, Santiago del Estero, Tierra del Fuego, Antártida e Islas del Atlántico Sur y Tucumán. Esas provincias son las que litigaron, pero hay otras que no lo hicieron y ahora quieren saber si fueron afectadas por las medidas oficiales y en qué medida, por lo que ya pidieron precisiones al ministerio de Hacienda de la Nación.

“Queremos ver primero si hay una compensación, vamos a darle unos días, si hay un gesto. Sino, iríamos a la Corte”, señalaron algunos gobernadores.

Con la decisión de la Corte Suprema, el Gobierno nacional está obligado a convocar a los mandatarios para negociar, ese encuentro se podría dar el martes venidero, aunque no hay ninguna certeza.

En la Casa Rosada anticiparon que el problema quedará para el próximo mandato. Una alta fuente del Gobierno -citada por NA- estimó que si no hay alternativa que compensar antes de fin de año a las provincias podría haber reasignación de partidas presupuestarias de programas no prioritarios e incluso hasta la inyección de una nueva letra a la Anses para obtener el financiamiento.

En el Ministerio de Hacienda de la Nación estiman que de tener que afrontar estas compensaciones antes de fin de año, corre serio riesgo la meta de equilibrio fiscal o déficit hasta el 0,5% del PBI comprometida ante el Fondo Monetario Internacional (FMI). “Quedan poco más de 20 días para las elecciones. Si se define un cambio de gobierno la gestión de enfocará en la transición y no habrá tiempo. Este tema será parte de la agenda del próximo mandatario”, dijo una fuente consultada.

Quedaron afuera de los tribunales los cinco distritos de Cambiemos (Caba, Buenos Aires, Mendoza, Jujuy y Corrientes), dos peronistas (Córdoba y Chaco) y dos de sellos provinciales (Neuquén y Río Negro). Ahora, esos gobernadores y sus fiscales de Estado analizan los pasos a seguir. La opción de máxima es presentarse ante la Justicia. La de mínima conflictividad, apostar a que la Nación amplíe el beneficio al resto de las provincias sin llegar a una puja judicial. La intermedia, un reclamo administrativo.

IMPACTO FISCAL

En este caso, con las medidas ya implementadas por la Nación, no es tan claro el impacto fiscal.

Por ejemplo, en referencia a la quita del IVA a los alimentos, desde la Casa Rosada argumentan que con ese beneficio se incentiva el consumo y los ingresos coparticipables son mayores, por lo cual se vuelve “inocuo” el impacto fiscal para las provincias.

La Comisión Federal de Inversión (CFI) es el organismo integrado por los ministros de Finanzas de las provincias y representantes del Ministerio de Interior de la Nación.

Esta comisión había interpretado que en el último trimestre de este año las provincias iban a perder unos 28.000 millones de pesos (6.000 millones por el IVA y 22.000 millones por Ganancias).

La cifra de la CFI nunca fue avalada por el Gobierno nacional que consideró que, según sus números, con el aumento que las medidas iban a generar en el consumo, el impacto fiscal para los estados provinciales no superaría los 5.000 millones de pesos anuales.

En este contexto, y en medio de la campaña electoral, es muy probable que esta cuestión no se resuelva antes de las elecciones del 27 de octubre.

Es factible que en los próximos días, el Gobierno nacional haga una presentación ante la Corte Suprema con sus argumentos sobre el impacto de las medidas, y seguramente los gobernadores deberán responder.

El Iaraf plantea que “no es fácil encontrar un acuerdo sobre el costo fiscal neto final de las medidas” debido a que la rebaja de un impuesto puede implicar que la gente se quede con más dinero para consumir, lo cual provocaría un incremento de la recaudación de IVA.

“Por ende si se toma el costo fiscal directo inicial, el Tesoro Nacional tendría que girar $34.381 millones de aquí a fin de año para ‘compensar’ a las provincias”.s