Desde hoy y hasta el viernes, las casas de altos estudios de todo el país estarán sin clases ni actividades administrativas. También en la UNNE,
Desde hoy y hasta el viernes, docentes y no docentes de las universidades nacionales llevan adelante un paro nacional de 72 horas en reclamo de la aplicación inmediata de la Ley de Financiamiento Universitario, una norma que fue aprobada por el Congreso, vetada por el presidente Javier Milei y luego ratificada por ambas cámaras, pero que el Gobierno aún no aplica.
Bajo la consigna "Señor Presidente, cumpla con la ley", la protesta se extiende a todo el país y afecta al dictado de clases, las tareas de investigación y a la atención administrativa en las instituciones de educación superior pública. En Corrientes, la Asociación de Docentes e Investigadores de la Universidad Nacional del Nordeste (Adiunne) adhiere plenamente a la medida, sumando reclamos locales por la apertura de paritarias, actualización salarial y mayor presupuesto para el funcionamiento de la Unne. También exigen más y mejores becas para los estudiantes, en un contexto de inflación y caída del poder adquisitivo. La Ley de Financiamiento Universitario fue sancionada por el Congreso tras meses de debate y establecía un incremento sostenido de los fondos destinados a las universidades nacionales. Sin embargo, el Ejecutivo decidió suspender su ejecución hasta que el Poder Legislativo "indique de dónde saldrán los recursos", lo que generó un fuerte rechazo de la comunidad universitaria. El paro de tres días fue convocado por los gremios Conadu y Conadu Histórica, a los que se sumaron otras federaciones de trabajadores universitarios. Desde estas organizaciones aseguran que el cumplimiento de la ley es "indispensable para frenar el deterioro del sistema público de enseñanza superior" y garantizar condiciones laborales dignas. La secretaria de la Federación Universitaria Argentina (FUA), Pilar Barbas, expresó que "no se logró que el Presidente quiera cumplir con la ley" y cuestionó el argumento oficial de que "no hay plata". Según Barbas, "este Gobierno decidió desfinanciar a las universidades nacionales y priorizó el pago de la deuda". Por su parte, la dirigente de la Asociación Gremial Docente de la UBA, Ileana Celoto, sostuvo que el objetivo de la huelga "es frenar el vaciamiento de la educación pública" y calificó de "anticonstitucional" la decisión de posponer la ejecución de una ley votada y promulgada. Celoto advirtió que los salarios docentes acumulan una pérdida del 44% frente a la inflación. El Poder Ejecutivo promulgó la ley a fines de octubre, junto con la de Emergencia Pediátrica, pero dejó ambas suspendidas hasta que el Congreso determine las fuentes de financiamiento. De acuerdo con el decreto, "toda ley que autorice gastos deberá prever las partidas correspondientes, caso contrario quedará en suspenso su ejecución". Esta postura fue interpretada por las universidades y los gremios como un desconocimiento de la voluntad legislativa y una violación del principio de autonomía universitaria. Desde la Federación Nacional de Docentes Universitarios (Conadu) señalaron que la suspensión afecta al normal funcionamiento de las casas de estudio y pone en riesgo el inicio del ciclo lectivo 2026. "Hay facultades que ya no pueden cubrir gastos básicos ni sostener proyectos de investigación", alertaron desde la Federación, que también lanzó una consulta nacional entre docentes, investigadores, personal no docente y estudiantes para definir los próximos pasos del plan de lucha.s