Según datos del INDEC,  recogidos por la Fundación  COLSECOR en mayo de 2025 la jubilación mínima de jubilados nacionales  ascendía a 296.481 pesos más un bono extra que desde marzo del 2024 se encuentra congelado en 70 mil pesos

Sin embargo  elmonto estimativo de la canasta básica del jubilado - cubrir gastos elementales de alimentación, vivienda, medicamentos y transporte - se ubicaba en 1.200.523 pesos, al mes de abril. "Es decir, el haber mínimo apenas cubre el 30% de las necesidades de un jubilado, lo que significa que viven por debajo de la línea de la pobreza" señala el citado informe

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Se menona que  ls que peiben  la jubilación mínima han perdido ingresos equivalentes a cinco pensiones mínimas sólo en el primer año del gobierno de Libertad Avanza lo que obliga a ese sector a continuar trabajando en la infomalidad o esporádicamente , como indica un informe   de la Defensoría de la Tercera Edad

"El mayor problema no es que sigan trabajando, sino que lo hagan en condiciones de precariedad; que no puedan jubilarse si es el deseo y necesidad de ese adulto mayor" reflexiona Colesur
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Cita que  los registros oficiales dan cuenta de que, de 9,4 millones de personas con ocupación formal, 783.597 son mayores de 60 años. Pero esos registros dejan afuera a quienes continúan trabajando de modo informal. Ese sector es que el creció, producto del desfasaje entre la canasta básica de un jubilado y lo que recibe como haber.

Ante esa creciente inseguridad económica, continúan en puestos de baja productividad, en trabajos conocidos como “changas” y en actividades de mayor precariedad, como el sector de la limpieza.

“La gente que llega a la edad en que puede jubilarse evita hacerlo. Un trabajador que se jubila pasa a cobrar la mitad de sus ingresos. Hay explotación laboral en la tercera edad porque muchos, por la necesidad de seguir trabajando, aceptan cualquier puesto de baja calificación y en situación de informalidad”, señala Eugenio Semino, defensor de la Tercera Edad y quien preside la Sociedad Iberoamericana de Gerontología y Geriatría.

Menos acceso a la salud
En un país donde 5,3 millones de jubilados y pensionados se atienden a través del PAMI, es decir, el 12% de la población argentina y el 60% de sus adultos mayores, los recortes en medicamentos y prestaciones impactan directamente sobre la calidad de vida. En el último año, la obra social redujo la cobertura gratuita de más de 40 medicamentos esenciales. En paralelo, hubo un raid de aumentos en los precios, muy por encima de la inflación.

“Desde que Javier Milei ganó el ballotage, en noviembre de 2023, los medicamentos que las personas mayores utilizan habitualmente alcanzaron en promedio una inflación acumulada de 237,1%. Pero sorprenden aún más los incrementos interanuales de algunos medicamentos muy consumidos: el promedio de los 10 medicamentos que más aumentaron en el último año alcanza una suba interanual promedio de 52,3%.”, señalan desde CEPA en este informe, actualizado al mes de abril de 2025.

Otro datoa dverso es que  el gremio de trabajadores del PAMI (SUTEPA)  denuncia un incremento sostenido en las listas de espera para intervenciones, tratamientos y estudios clínicos, una consecuencia directa del ajuste presupuestario y los despidos en área del PAMI, que “afecta a personal administrativo y profesional en todo el país y el efecto real es un desmantelamiento progresivo de la atención pública. Hay oficinas de agencias que cerraron sus puertas tras los despidos de sus únicos trabajadores. La medida no solo dejó desempleados, sino que obligó a los jubilados a trasladarse a ciudades vecinas para realizar trámites esenciales”, señalan desde sindicato.

Por fuera del PAMI, el Estado Nacional también desactivó el Programa Nacional de Envejecimiento Activo y Saludable (PRONEAS), una política pública que articulaba acciones entre el sistema de salud, organizaciones sociales y ámbitos educativos para promover el bienestar integral de las personas mayores. Hoy, sólo algunas provincias o municipios sostienen programas similares, lo que acentúa la desigualdad territorial y deja a miles de personas sin acceso a una política pública esencial.

  Fuente: Fundación COLSECOR