El periodista misionero Enrique Ortiz denunció amenazas y agresiones físicas en el marco de las auditorías de pensiones en Misiones. Por el hecho, cinco personas fueron demoradas tras un operativo cerrojo en Campo Grande, entre ellas la principal acusada, identificada a través de registros fílmicos.

Las tensiones que se viven en Misiones por las auditorías de pensiones no contributivas derivaron este martes en un grave episodio de violencia contra la prensa. El corresponsal de Crónica TV, Enrique Ortiz, resultó víctima de amenazas, daños y agresiones físicas cuando cubría los operativos en el salón parroquial de 25 de Mayo.

El hecho quedó registrado en videos que rápidamente se viralizaron en redes sociales, donde se observa el momento en que un grupo de personas increpa y agrede al periodista en medio de la confusión que rodea al procedimiento impulsado por Nación.

Ortiz radicó la denuncia en la Comisaría Primera de la Unidad Regional V de la Policía de Misiones, que inició una causa contravencional por amenazas y lesiones leves. Con base en los registros fílmicos, la Justicia de Instrucción N°1 de Oberá ordenó la identificación de los involucrados y la detención de la principal agresora.

Operativo cerrojo y detención de cinco personas

Según informó la Policía, un grupo de cinco personas sospechadas de participar en la agresión se retiró de la localidad a bordo de un Chevrolet Prisma gris. Tras un operativo cerrojo, fueron interceptados en el acceso a Campo Grande sobre la Ruta Provincial N°8.

Los demorados fueron identificados como Luciano Mangone (Mar del Plata), Andrés Baez (Mar del Plata), Caín Iokich (La Plata), Guadalupe Luján Guanes Texeira (Posadas) y Laura Baez (Mar del Plata).

De acuerdo a las filmaciones y a las averiguaciones policiales, la autoría material de la agresión recae sobre Laura Baez, quien fue señalada como la persona que golpeó al periodista. No obstante, los cinco ciudadanos fueron trasladados a la Comisaría de Campo Grande para las actuaciones legales correspondientes.

El ataque contra el corresponsal del medio nacional ocurre en un contexto ya marcado por la polémica: denuncias de certificados “truchos”, suspensión anticipada de las auditorías y malestar generalizado entre beneficiarios y familiares de personas con discapacidad.

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