La decisión del gobierno de Javier Milei de vaciar el INYM está llevando al sector de la yerba al colapso. Sin la intermediación del Estado las grandes empresas yerbateras imponen a pequeños productores y cooperativas, de manera unilateral, precios por debajo de los costos de producción.

El desembarco de Javier Milei en la Casa Rosada y de Luis Caputo en el ministerio de Economía de la Nación significaron un duro golpe para la Argentina productiva y el sector de la yerba es uno de los que más fuerte siente los embates de políticas económicas que atentan contra la producción.

Desde la publicación del controvertido DNU 70/2023 que firmó Milei a pocos días de asumir el Ejecutivo, la producción yerbatera, concentrada principalmente en las provincias de Misiones y Corrientes, atraviesa recurrentes episodios de crisis. Tras el DNU 70/2023, el gobierno libertario avanzó en la completa desregulación del sector dejando en soledad a los pequeños productores frente a las concentradas y poderosas compañías que dominan el sector.

Tras los reclamos de los productores primarios, que fueron los primeros afectados por el vaciamiento del Instituto Nacional de la Yerba Mate (INYM) que oficiaba de mediador entre la producción y la industria para garantizar precios justos, ya comenzó a crujir también la estructura del eslabón siguiente de la cadena, que son las cooperativas.

Sin la mediación del INYM, la industria de la molienda de yerba, concentrada en pocas empresas, pasó a imponer de manera unilateral el precio que paga por la materia prima que se cosecha en los campos, muy por debajo de los costos de producción y con cheques hasta 120 días, esto llevó a muchos productores a incluso dejar parte de la yerba sin levantar.