Así lo hizo Javier Milei por DNU como parte de una ampliación presupuestaria mayor, que refuerza la caja negra del organismo de inteligencia.

El Gobierno aumentó en $49.261,5 millones el presupuesto de la Secretaría de Inteligencia de Estado (SIDE), dentro de la modificación presupuestaria aprobada por el presidente Javier Milei mediante el DNU 594/2026. Del total incorporado al organismo, casi $7.500 millones fueron asignados a gastos reservados, una categoría cuyo destino específico no se detalla públicamente.

La ampliación figura en una de las planillas anexas al decreto publicado este jueves en el Boletín Oficial. Los fondos fueron incorporados al programa de Información e Inteligencia, dentro de la jurisdicción de la Presidencia de la Nación, y se distribuyen entre gastos corrientes, salarios, funcionamiento y compra de equipamiento.

Los gastos reservados, por $7.467 millones, representan alrededor del 15% del refuerzo total otorgado a la SIDE. Se trata de erogaciones vinculadas a actividades de inteligencia cuyo uso queda exceptuado de los mecanismos habituales de publicidad y desglose presupuestario debido al carácter secreto de las operaciones.

Anteriormente, el Gobierno ya había aumentado los gastos reservados para la SIDE en otras ocasiones. La mayor fue en julio de 2024 por unos $100.000 millones, pero también en marzo de 2025 por $1.600 millones, en mayo de 2025 por $8.017 millones

La mayor parte de la ampliación, de todos modos, corresponde a gastos de personal. El Gobierno destinó $31.396 millones a ese rubro, equivalentes a casi el 64% del total. Dentro de esa suma aparecen $21.965 millones para personal permanente, incluyendo $17.015 millones para retribuciones de cargos, $1.591 millones para suplementos salariales y $3.236 millones para contribuciones patronales.

Además, se incorporaron casi $2.000 millones para bienes de consumo, que incluyen alimentos, vestimenta, productos de papel, combustibles, medicamentos, herramientas y útiles de oficina.

El otro componente de peso es la inversión en bienes de capital, que recibió $17.865,5 millones, más de un tercio del incremento presupuestario. Allí sobresalen $9.457 millones destinados a equipos de computación y $7.023 millones para equipamiento de oficina y muebles. También se asignaron $1.336 millones a equipos educacionales y recreativos y cerca de $49 millones a equipamiento sanitario y de laboratorio.

La modificación al Presupuesto 2026: más recursos en cajas previsionales provinciales, educación, trabajo y deuda

El refuerzo a la SIDE forma parte de una modificación más amplia del Presupuesto 2026, con refuerzos en el pago de las cajas provinciales y en los recursos para la educación y trabajo, pero también con aumentos en los servicios para el pago de la deuda

En concreto, el Gobierno fijó en $409.342,7 millones los fondos destinados a financiar los déficits de las cajas previsionales provinciales. La medida también contempla refuerzos para las universidades nacionales, becas educativas, el Monotributo Social y el pago de la deuda pública.

El principal monto explicitado en el decreto corresponde a las transferencias que realizará la Administración Nacional de la Seguridad Social (ANSES) para cubrir gastos corrientes de los sistemas jubilatorios provinciales no transferidos a la Nación. Para ese objetivo, el Gobierno estableció un crédito presupuestario de $409.342.664.874.

La modificación también incrementa el presupuesto de la Secretaría de Educación para afrontar los gastos derivados de la política salarial de los trabajadores docentes y no docentes de las universidades nacionales. Además, refuerza las partidas del Programa Nacional de Becas Estratégicas Manuel Belgrano, aunque el texto principal no precisa el monto asignado a cada uno de esos conceptos.

Por otra parte, se amplían los recursos de la Secretaría de Trabajo, Empleo y Seguridad Social para financiar las prestaciones del Programa Monotributo Social, destinado a trabajadores de bajos ingresos de la economía popular. El DNU también readecua las partidas del Servicio de la Deuda Pública para atender los vencimientos financieros previstos durante 2026 y modifica los créditos de Obligaciones a Cargo del Tesoro para financiar a Educ.ar, la empresa estatal encargada de desarrollar contenidos y políticas educativas digitales.