El FMI celebra los resultados del programa de Milei mientras la economía muestra señales de recesión. Argentina ya pagó unos 6852 millones de dólares en sobrecaros por los préstamos extraordinarios del organismo. Un informe internacional cuestiona este mecanismo por sus consecuencias económicas, sociales y democráticas. La propuesta de revisar la deuda y discutir la responsabilidad del acreedor.
La economía argentina está atrapada en el cepo del crédito del FMI que limita su capacidad de crecimiento y cuyo destino, en el mejor de los casos, es el estancamiento secular.Imagen ChatGPT.
El vínculo político con el FMI es de obsecuencia, el económico es de sometimiento y el financiero es de un abuso obsceno. La economía argentina está atrapada en este cepo que limita su capacidad de crecimiento y cuyo destino, en el mejor de los casos, es el estancamiento secular.
El comunicado del Fondo sobre la aprobación de la tercera revisión del programa de Milei, que habilita un desembolso de 869 millones de dólares, es un bochorno. Elogia con desmesura el plan económico cuando la economía está a las puertas de una recesión. Afirma, sin ruborizarse, que el programa respaldado por el organismo “continúa arrojando resultados impresionantes”. Son impresionantes por lo malos que son, pese a contar con condiciones locales e internacionales muy favorables.
El proyecto político que aspire a desplazar el experimento fallido de Javier Milei deberá tener entre sus prioridades revisar la relación con el Fondo Monetario Internacional, desafío mucho más importante que la administración de la deuda con los bonistas privados. Es más relevante porque es la deuda que está asfixiando la economía y porque, además, el Fondo impone medidas de austeridad que condicionan la política económica.
En estas páginas adelantamos la propuesta de negociar el desproporcionado crédito y separar el monto correspondiente a la cuota asignada a la Argentina de la suma entregada por una decisión política del directorio del FMI, bajo la presión de Estados Unidos, tanto durante el gobierno de Mauricio Macri como durante el de Milei.
Esa negociación debe reincorporar la discusión acerca del sobrecosto que paga el país por haber recibido un crédito que excedió la cuota que le correspondía. Ya pagó unos 6852 millones de dólares de esa cuenta abusiva. El absurdo de esta situación es que Argentina paga un adicional a la tasa de interés base por el exceso de un crédito político dispuesto por el propio FMI.
Una batalla que la Argentina ya había dado
Durante el gobierno de Alberto Fernández, el entonces ministro de Economía Martín Guzmán impulsó una ofensiva diplomática para modificar este mecanismo financiero. No fue una negociación limitada a la Argentina porque buscó construir una posición compartida con otros países deudores y trasladar el reclamo a los principales ámbitos de decisión económica internacional.
En abril de 2021, Guzmán planteó ante el G20 que los sobrecargos eran regresivos y procíclicos. Regresivos porque castigan a los países más necesitados de financiamiento y procíclicos porque agravan las dificultades de las economías en crisis, precisamente cuando necesitan recursos para recuperarse. Propuso revisar el mecanismo y suspender su aplicación durante la pandemia.
En julio de 2021, los ministros de Finanzas y los presidentes de bancos centrales del G20 incluyeron en su comunicado un llamado a avanzar en la revisión de los sobrecargos. En octubre de ese año, la declaración de la cumbre de líderes de Roma volvió a incorporar la cuestión, pero no reclamó su eliminación; solo reconoció la necesidad de continuar la discusión en el directorio del FMI. La Argentina había conseguido colocar en la agenda de las principales potencias una controversia que el organismo prefería mantener dentro de sus decisiones administrativas.
El reclamo también recibió respaldo académico internacional. El premio Nobel de Economía Joseph Stiglitz, junto con Kevin Gallagher, cuestionó la racionalidad económica de penalizar a países que recurren al Fondo porque carecen de alternativas de financiamiento. Si los sobrecargos restan recursos para la recuperación, también deterioran la capacidad futura de pago. El mecanismo que supuestamente protege al acreedor termina debilitando al deudor. Otros economistas, entre ellos Jayati Ghosh, acompañaron esa crítica. La controversia dejó de ser exclusivamente financiera para incorporar sus consecuencias distributivas y sociales.
La presión internacional contribuyó a a que el Fondo revisara parcialmente su política en octubre de 2024. Elevó del 187,5% al 300% de la cuota el umbral a partir del cual se aplican sobrecargos y redujo algunas tasas. Estimó que la reforma disminuiría los costos financieros de sus préstamos en unos 1200 millones de dólares anuales.
Sin embargo, mantuvo el corazón del mecanismo. La sobretasa vinculada al volumen del crédito siguió siendo de dos puntos porcentuales. El FMI argumenta que estos cargos desalientan el endeudamiento excesivo y favorecen la devolución anticipada de los préstamos.
Para la Argentina, la controversia tiene una particularidad adicional porque el FMI autorizó préstamos extraordinarios que excedieron ampliamente la cuota correspondiente al país. Luego le cobra una penalidad por ese mismo exceso. Una decisión política del acreedor se convierte así en una carga financiera adicional para el deudor.
¿Por qué el FMI les cobra más a los países en crisis?
El Center for Economic and Social Rights (CESR) analiza los casos de Argentina, Ecuador, Egipto, Jordania y Pakistán y reclama eliminar los sobrecargos que cobra el Fondo. El informe Surcharging democracy: How IMF fees deepen debt and fuel authoritarianism, elaborado por el economista argentino Francisco Cantamutto con aportes del CESR y apoyo de la Fundación Friedrich Ebert en Argentina, muestra que la política de sobrecargos del FMI no solo absorbe recursos públicos, sino que refuerza la austeridad, afecta los derechos humanos y contribuye a erosionar la democracia.
A partir de evidencia comparada y del análisis particular de cinco países, entre los cuales destacan Argentina y Ecuador, el informe describe un patrón regresivo. El ajuste respaldado por el FMI reduce los recursos destinados a servicios públicos esenciales y alimenta el malestar social y la protesta.
Desde 2009, veintiún países pagaron sobrecargos y, a mediados de 2026, doce seguían haciéndolo. Solo en 2026 pagarán cerca de 1700 millones de dólares. Los sobrecargos se siguieron cobrando incluso durante guerras, sequías e inundaciones.
La paradoja es que una institución creada para asistir a economías con dificultades de balanza de pagos encarece sus préstamos cuando esas dificultades se profundizan. El resultado es una transferencia de recursos desde países necesitados de divisas hacia un acreedor internacional que dispone de una posición financiera privilegiada.
Riesgo para la democracia
El informe del CESR incorpora una cuestión que suele quedar desplazada por las discusiones sobre metas fiscales, reservas internacionales y vencimientos de deuda. Se trata del impacto de los programas del FMI sobre el funcionamiento de las democracias.
Las decisiones de política económica dejan de ser materia exclusiva del debate democrático y pasan a estar condicionadas por un acreedor externo. Las elecciones pueden modificar el rumbo político, pero el nuevo gobierno encuentra restricciones para concretar esos cambios. Así, el endeudamiento con el FMI limita la soberanía democrática.
El CESR no sostiene que los sobrecargos sean, por sí solos, la causa directa de los retrocesos democráticos, sino que son una pieza de una estructura más amplia de endeudamiento y condicionalidades que intensifica las restricciones fiscales y reduce los márgenes de decisión de los gobiernos.
En su documento, el CESR reclama eliminar los sobrecargos, comenzando por una suspensión inmediata de su cobro. Propone además realizar evaluaciones obligatorias de impacto en derechos humanos antes y después de los programas del FMI y garantizar mecanismos efectivos de transparencia, participación y rendición de cuentas.
También plantea avanzar hacia una convención marco de Naciones Unidas sobre deuda soberana, con reglas que permitan resolver las crisis de endeudamiento sin subordinar los derechos de las poblaciones a los intereses de los acreedores.
El caso argentino
Argentina es el país con mayor relación entre crédito y cuota entre los casos analizados, con un 1335%, y también el que registra el mayor peso de los sobrecargos en el total de los pagados, con un 42%. Los paga desde 2018 y, según las proyecciones del informe, seguirá haciéndolo al menos hasta 2031.
Lo abonado hasta ahora alcanza unos 6852 millones de dólares, monto equivalente al 20% del presupuesto educativo y al 15% del presupuesto sanitario de 2025, según la comparación realizada por el CESR.
Es una factura adicional que la economía argentina viene pagando por una deuda extraordinaria, originada en decisiones políticas del propio FMI y sostenida mediante sucesivas renegociaciones. Los sobrecargos se siguieron abonando incluso durante la sequía de 2023, una de las más severas de las últimas décadas, que provocó una fuerte pérdida de exportaciones y divisas.
El caso argentino permite observar otra contradicción. El crédito extraordinario aprobado en 2018 durante el gobierno de Mauricio Macri, por un monto original de 57.000 millones de dólares, excedió ampliamente los límites habituales de financiamiento del organismo. La decisión estuvo atravesada por el respaldo político de Estados Unidos y, posteriormente, el gobierno de Milei recibió un nuevo financiamiento excepcional.
En lugar de asumir la responsabilidad institucional por haber aprobado una exposición crediticia desproporcionada, el Fondo traslada una parte adicional de su costo al país deudor.
El sobrecargo no se aplica porque la Argentina haya obtenido un préstamo en mejores condiciones que otros países, y se cobra porque recibió un volumen extraordinario de financiamiento. El escándalo financiero queda así consagrado: el acreedor decide exceder los parámetros habituales y después penaliza financieramente al deudor por ese exceso.
El Destape